Los impuestos inmobiliarios en Paraguay son administrados por las municipalidades. Incluye impuestos sobre inmuebles urbanos, rurales, vehículos y otros bienes. Las tasas varían según la municipalidad y el valor del bien.
Superficie Construida: 120 m²
Superficie de Terreno: 300 m²
Tasa Base Municipal: 0.5‰
Multiplicador Zona: 1.5x
Multiplicador Tipo: 1x
Descuento Aplicado: 0%
El valor fiscal es determinado por la oficina de catastro de cada municipalidad mediante evaluación técnica que considera: ubicación, superficie construida y de terreno, calidad de construcción, servicios disponibles (luz, agua, cloacas), accesibilidad y zona comercial. Se actualiza periódicamente según ordenanzas municipales. Puedes solicitar una tasación actualizada en la municipalidad correspondiente.
Los descuentos varían por municipalidad: jubilados y pensionados (10-20%), personas con discapacidad (30-50%), veteranos de guerra (50-100%), vivienda única familiar (5-15%), pago adelantado anual (5-10%). Algunos municipios ofrecen descuentos adicionales por mejoras ecológicas o construcciones antisísmicas. Se requiere documentación que acredite el derecho al beneficio.
El impuesto vehicular se calcula sobre el valor de mercado del vehículo con depreciación por antigüedad. Las tasas varían según tipo de vehículo, cilindrada, combustible y uso. Se paga anualmente y vence el 31 de marzo. Los vehículos nuevos pagan desde el año de patentamiento. Existen descuentos para vehículos ecológicos, personas con discapacidad y vehículos muy antiguos (más de 20 años).
Los inmuebles urbanos se rigen por ordenanzas municipales con tasas generalmente más altas, considerando servicios urbanos y plusvalía comercial. Los inmuebles rurales se evalúan según: superficie, clasificación del suelo (agrícola, ganadera, forestal), productividad, acceso y mejoras. Las tasas rurales suelen ser menores, con incentivos para actividades productivas y penalizaciones para tierras improductivas.
El no pago genera: intereses moratorios, recargos por mora, prohibición de venta del inmueble, imposibilidad de obtener certificados municipales, embargo preventivo del bien, y eventual juicio de apremio que puede llevar al remate público. Para regularizar deudas, las municipalidades suelen ofrecer planes de facilidades de pago con quita de intereses y facilidades para el cumplimiento.